En la empresa pública
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Seguimos con los recortes, esta vez en las empresas dependientes del Estado porque además de recortar el número de consejeros, que conllevará un ahorro de un millón de euros en dietas, sus altos cargos van a cobrar menos en base a una medida aprobada ya por el Consejo de Ministros Les descontarán un 35 por ciento de su sueldo en un intento de ahorro para las arcas públicas.
«El objetivo es conseguir la máxima austeridad, eficacia y eficiencia» en estas empresas, según ha explicado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quien invitó a los sindicatos a sumarse a la «transparencia» con la publicación de los salarios que reciban sus líderes. «Deberían (las centrales) valorar si ha llegado el momento de hacer ese ejercicio de transparencia que estamos haciendo en el sector público por los ciudadanos y, sobre todo, por sus propios afiliados», sentenció. Esto se ha dicho tras filtrarse que el secretario general de UGT-Madrid, José Ricardo Martínez, cobró el pasado año 181.000 euros como consejero de Caja Madrid.
En su momento ya se rebajó a 7 días la indemnización por cese de estos directivos y ahora se han mermado sus honorarios a 105.000 euros brutos anuales en las empresas grandes, 80.000 en las medianas y 55.000 en las pequeñas. Las aportaciones complementarias, como fondos de pensiones, deberán incluirse en esos nuevos máximos. Como siempre digo, hablando de tales cifras, es irónico pensar en rebajas cuando muchas familias no tienen ningún ingreso mensual. Además, como novedad, en la memoria anual tiene que quedar reflejado el salario de los directivos.
Se cree que estas medidas van a favorecer a que los mejores ejecutivos decidan no estar en las empresas públicas y a esto, Sáenz de Santamaría ha dicho que «hemos buscado un equilibrio; que vengan los mejores para hacerlo de la mejor manera posible, pero teniendo en cuenta que las cantidades que se conocen hoy no se pueden sostener en el sector público, es tiempo de austeridad»
Aparte de esta base, los directivos cobrarán un complemento de puesto y si es menester, una variable determinada estrictamente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
