Los sindicatos piden que el Gobierno escuche a la calle
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Los sindicatos más representativos de la enseñanza cuantificaron en un 80% el alcance de la primera huelga, a nivel nacional, en todos los niveles educativos en protesta contra los recortes aprobados por el Gobierno central y los gobiernos autonómicos, mientras que desde el Ejecutivo redujo ese porcentaje al 19%.
El Gobierno español restaba, de este modo, importancia a las reivindicaciones convocadas por las organizaciones sindicales más relevantes del sector, las cuales definieron la participación en la huelga como un “éxito rotundo”, ya que la convocatoria se extendió a todo el territorio nacional, salvo La Rioja, Baleares y el País Vasco que se movilizaron de otro modo.
José Campos, representante de Comisiones Obreras, señaló que: “ahora la pelota está en el tejado del ministerio“, y aprovechó para pedir al ministro de Educación, José Ignacio Wert, que recoja las demandas ciudadanas, opinión compartida por Jesús Maria Sánchez, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, quien declaró que: “un gran número de estudiantes y docentes pusieron de manifiesto su desacuerdo con la política de desinversión en el sistema educativo“.
Los datos que hicieron públicos las centrales sindicales hablaban de un seguimiento de la huelga, a nivel nacional, superior al 90% en la universidad y de más del 70% en el resto del sistema educativo español. También avisaron al Gobierno de que las protestas y movilizaciones se mantendrán mientras no se detengan los recortes y mostraron su predisposición a repetir la convocatoria de huelga durante el mes de junio y al comienzo del próximo curso.
El objetivo de los manifestantes es evitar los ajustes presupuestarios en educación que viene aprobando el Gobierno de Mariano Rajoy y los ejecutivos autonómicos, que se porcentuan en un 20% de reducción económica, además de las medidas urgentes para racionalizar el gasto educativo, que buscan ahorrar otros 3.000 millones de euros mediante la subida de las tasas en la universidad, el aumento de alumnos por aula o incrementar las horas lectivas de los profesores, entre otras.
Para los convocantes, estas medidas suponen un ataque directo a la formación de nuestros jóvenes, con las consecuencias que eso puede conllevar en la empleabilidad presente y futura de los mismos.
