Con la reforma de la Seguridad Social
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La llegada del 2012 ha supuesto la entrada en vigor del nuevo sistema de Seguridad Social para los empleados del hogar en España, un sector prodúctivo que da trabajo a 700.000 personas en nuestro país.
La reforma más importante del sistema de la Seguridad Social, que se irá introduciendo de modo paulatino, desde enero del 2013 hasta el 2027, incluye el retraso en la edad de jubilación hasta los 67 años, el aumento de los años cotizados para tener derecho al 100% de la pensión y una ampliación de los periodos a considerar para calcular dicha pensión de jubilación.
Otras de las novedades que más pueden afectar a determinados colectivos sociales, y que se aplican desde el 1 de enero de este año, son la subida de un punto porcentual en el cálculo de las pensiones de viudedad, que irá aumentando de este modo año a año, hasta pasar del 52% de la base reguladora actual a un 60%., el aumento en el límite de edad para recibir una pensión de orfandad o que los autónomos puedan elegir su base de cotización, con el límite del 220% de la base mínima, sin importar la edad que tengan.
La reforma en el régimen de los empleados domésticos, formado en un 94% por mujeres, pretende igualarlas en derechos al resto de los trabajadores por cuenta ajena, aunque por el momento no dispondrán de derecho a desempleo en caso de ser despedidas.
Un hecho novedoso será la obligación de recoger las condiciones laborales de los empleados domésticos en un contrato por escrito, dado que hasta el momento podía hacerse mediante un compromiso de naturaleza verbal.
Dicho contrato debe recoger, de forma obligatoria, las horas semanales que debe cumplir el empleado, el sueldo en términos mensuales y por hora, el tratamiento de las horas presenciales, la pernoctación y la cuenta bancaria del empleador, cuenta desde la que la Tesorería de la Seguridad Social cobrará la cotización correspondiente al empleador.
Existe un plazo de seis meses, desde el 1 de enero, para que tanto los trabajadores domésticos como los hogares se adapten a los nuevos requisitos normativos. El objetivo último del Gobierno socialista, cuando realizó esta reforma, era hacer salir a la luz unos 150.000 empleos sumergidos del sector, que se sumaran a los 300.000 que ya tienen legalizada su situación.
