Informe de la Xunta de Galicia
La Xunta de Galicia ha sacado a la luz un informe titulado “Discapacidad y género: aproximación a la situación de las mujeres con discapacidad”, en el que se concluye que las mujeres con discapacidad que viven en un entorno rural son discriminadas triplemente.
El colectivo de mujeres con discapacidad les ha hecho llegar a la Xunta la necesidad de terminar con las barreras arquitectónicas, así como reivindicar una autonomía dentro de la unidad familiar y el acceso al mercado laboral.
Susana López Abella, representante de Igualdad de la Xunta, y su homóloga en el departamento de Política Social, Coro Piñeiro, presentaron las conclusiones del trabajo de investigación en el que han participado organismos, profesionales, cuidadores y usuarios discapacitados.
Entre otras preocupaciones, como poder acceder a lugares públicos o tener acceso a la sociedad de la información, destaca sobremanera la del empleo, por estar directamente relacionado con la autoestima y la autonomía personal. Igualmente, las personas que tienen trabajo son consideradas más independientes, y ese cambio de rol es fundamental para relajar las situaciones de sobreprotección. Hay que recordar que la sobreprotección no abre puertas, las cierra, pues lo único que hacemos es crear personas dependientes cuando tienen muchas más capacidades de lo que uno mismo se piensa.
“Pretendemos que este cambio de actitud incluya la corresponsabilidad doméstica-familiar, que puede perjudicar a las mujeres con discapacidad”, señaló Piñeiro.
Como venimos diciendo siempre, las tasas de desempleo de este colectivo son muy altas, pero dentro de este grupo tenemos que destacar de una manera negativa la situación especial de las mujeres, pues sufren una doble discriminación en el mercado laboral.
Estas reivindicaciones no van a quedar en saco roto, pues la Administración autonómica ha anunciado que se va a publicar el anteproyecto de Ley de Accesibilidad y supresión de barreras y además, se va a incidir en la toma de medidas para que estas personas tengan acceso a una formación y a un posterior empleo, incluidas estas dos últimas medidas en el plan de acción integral para las personas con discapacidad, que ya logró 421 contrataciones en 2011.




